"Descubiertas 'irregularidades' en el servicio de diálisis: La Sindicatura de Cuentas alza la voz"

El servicio público de hemodiálisis, esencial para los pacientes con insuficiencia renal, se encuentra actualmente en manos de operadores privados que obtuvieron su concesión a través de un concurso público licitado por la Generalitat. En un reciente informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas, el organismo fiscalizador denuncia “hechos que podrían constituir indicios de comportamiento colusorio”, sugiriendo una supuesta connivencia entre las adjudicatarias que podría implicar prácticas anticompetitivas y cuestiona el coste que asume el Departamento de Salud a través del CatSalut por cada servicio. “Las irregularidades señaladas podrían dar lugar a acciones perseguibles tanto administrativamente como judicialmente”, indica el informe en relación a las empresas implicadas y a los responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la Generalitat.

La Sindicatura centra esa acusación sobre el servicio extrahospitalario de hemodiálisis ambulatoria, para la que se licitaron 16 lotes en toda Cataluña. Fue una licitación de 10 años por un importe de 1.142 millones de euros en el que los grandes beneficiados (lograron 14 paquetes territoriales) fueron los gigantes Fresenius y Diaverum. “Existen diversos factores que denotan una falta de competencia entre las empresas participantes”, dice el informe, que señala que el resultado del concurso fue similar al anterior, convocado en 2006. Uno de los argumentos es el siguiente: “La distribución geográfica de la adjudicación de los lotes sugiere un posible reparto geográfico del mercado entre las 4 empresas adjudicatarias (Sistemas Renales, Gestión Sanitaria y Asistencial de Tortosa, Fresenius y Diaverum)”. Pero también afirma que las prácticas monopolísticas podrían explicarse por un “posible acuerdo en la fijación de precio y la falta de rotación de ofertas”. En resumen, a falta de lo que señalen informes posteriores: “Se apropiaban de un beneficio extraordinario ilícito que perjudica a la Administración contratante”.

La Sindicatura acaba de firmar un acuerdo con la Autoridad Catalana de Competencia, según el cual tendría que remitirle su informe para que la ACCO realice sus propias pesquisas.